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Ante el quiebre institucional al proceso democrático ocurrido el pasado 22 de junio de 2012, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) que aglutina a 32 (treinta y dos) organizaciones de la sociedad civil paraguaya:
CONDENA la destitución del Presidente Constitucional de la República del Paraguay, Fernando Armindo Lugo Méndez, por medio de un golpe de estado parlamentario disfrazado de juicio político realizado a espaldas de los intereses del pueblo, violando la decisión popular expresada en las urnas en el 2008; desconociendo todas las garantías constitucionales del debido proceso y generando un quiebre institucional y democrático en el país.
REPUDIA a los diputados y senadores que han llevado adelante un juicio político de antecedentes inéditos en la vida democrática de nuestro país, caracterizado por un proceso sumario carente de legitimidad que ha violado las normas mínimas del debido proceso establecidas en el artículo 17 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay y en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este golpe parlamentario se realizóademás sin evaluar ni importarles las consecuencias nefastas que hoy ya se estánsintiendo: aislamiento y desprestigio internacional de Paraguay.
DESCONOCE al señor Federico Franco como Presidente de la República delParaguay y a todo su gabinete de ministros y viceministros por detentar el poder mediante un ilegal e ilegítimo proceso parlamentario, instalando un gobierno de facto, usurpador de la voluntad popular y que encarna un grave retroceso con respecto al proceso democrático de nuestro país.
COMUNICA públicamente su retiro de todos los espacios compartidos con el gobierno en los que venía participando y que la relación con el gobierno de factose limitará a la vigilancia y la exigibilidad de los derechos humanos.
EXIGE a todas las autoridades nacionales y agentes públicos responsables de la vigencia de los derechos de todos los habitantes del territorio paraguayo que cumplan con su deber de garantizar y promover el ejercicio de los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que ejercitan su facultad de expresarse y manifestarse de manera libre y pacífica en favor de la defensa del Estado de Derecho y el imperio de la ley.

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